05:14 pm LA IBERO SE PRONUNCIA CONTRA LA PGJ

PUEBLA, PUE. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla  tiene conocimiento de las acciones emprendidas por la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla en contra de activistas de derechos humanos y maestros que fueron reprimidos el pasado 10 de junio de 2009.

El día 5 de marzo la PGJ que encabeza Rodolfo Igor Archundia Sierra, a través del MP Javier Carrión Jiménez consignó ante la Juez Rosa Celia Pérez la averiguación previa 400/2009/-DMS-3º/DMS-II por el supuesto delito de “daño en propiedad ajena” en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Secciones 23 y 53 (sic), solicitando la detención de Tamara San Miguel Suárez, Itzel Sánchez Martínez, ambas integrantes del Nodo de Derechos Humanos (NODHO); de Mariano Rolón Castelán, Evaristo Matero Hernández, Lourdes Valderrábano Teresa, María de Jesús Herrera López, Marcelino Becerra Sollo, Justino Jacinto Rosas, Floriberto Vergara Cañongo, Rosa Isela Hernández Viderique, Mario Rubén Camaño Lara, Gregorio Martínez Hernández, Marcelino Vázquez Ildefonso, Verónica Ramírez Jarquín, Lorena Ramírez Jarquín, Manuel Morales Espíndola, Élfego Márquez Luna, todos integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano. Los 17 acusados son los mismos que fueron golpeados y detenidos arbitrariamente el 10 de Junio de 2009 por policías ministeriales, policías estatales, policías metropolitanos y policías municipales de Puebla. Los activistas y maestros que fueron golpeados y detenidos el 10 de junio quedaron en libertad y presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y ante la PGJ (No. 386/2009).

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla ve con preocupación la actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla con respecto a la falta de objetividad con la que se analizan los hechos para iniciar una averiguación previa; toda vez que se ha documentado la violencia de que fueron objeto por parte de los cuerpos de seguridad estatal y municipal en el libre ejercicio de su derechos de expresión y manifestación. En tal sentido nos pronunciamos por el desistimiento de la acción judicial y la observancia de los recursos de queja presentados por los agraviados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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